Yo, Antonia García, acuso violencia administrativa

Yo, Antonia García, acuso violencia administrativa

Yo, Antonia García, acuso a los gobiernos central y de Madrid de violencia administrativa contra las perceptoras de RMI.

Esta mañana, decenas de colectivos sociales y vecinales, la FRAVM, entre ellos, han presentado en la sede de la Asociación Apoyo de Moratalaz el comunicado “Yo, Antonia García”, en el que un supuesta perceptora de la Renta Mínima de Inserción (RMI) denuncia las dificultades que desde hace semanas padece en relación al nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV). La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a las 22.493 familias beneficiarias de la RMI de la región en la que les da diez días para que presenten su solicitud de IMV, un proceso complicado y farragoso que puede acabar dejándolas sin subsidio ni prestación alguna.

Este es el comunicado que ha sido difundido, y que explica con claridad la actual situación, además de recoger una serie de demandas dirigidas al Gobierno regional.

Yo, Antonia García, acuso a los gobiernos central y de Madrid de violencia administrativa contra las perceptoras de RMI.

Yo, Antonia García, acuso a los gobiernos central y de Madrid de violencia administrativa contra las perceptoras de RMI.

YO, ANTONIA GARCÍA

José Luis Escrivá y Alberto Reyero, Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones uno, Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad otro, escriben mano a mano la versión española de Yo, Daniel Blake, la película en la que Ken Loach muestra la violencia administrativa que sufre Daniel Blake, carpintero de 59 años que quiere acceder al sistema de protección social de Inglaterra.

Es la misma violencia que desde el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, está vulnerando a Antonia García, a su familia y a todas las familias empobrecidas en estas últimas semanas. A la farragosa y nada accesible solicitud del Ingreso Mínimo Vital se ha unido una carta que desde la Consejería de Reyero, requiere que en el plazo “improrrogable de diez días hábiles” presenten la solicitud, y en algunos casos, la resolución de la prestación del IMV.

Ambos gobiernos han creado una espiral de violencia administrativa que extiende a su paso la angustia que causa el miedo de tener que enfrentarse a una nueva prestación sin la información suficiente, sin el apoyo de unos servicios sociales que no se han recuperado del cierre del estado alarma y la amenaza de perder la prestación que actualmente sostiene sus vidas.

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